Torreon, Coah.
Edición:
18-Mar-2024
Año
21
Número:
898
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MI VERDAD / 790


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Por:
Agente 57
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04-07-2021
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POR: AGENTE 57

Arrancamos… La óptica presidencial, resumida en las frases “primero los pobres” y “no dejar a nadie atrás”, planteó modificar de raíz la política y los instrumentos de desarrollo social con el fin de establecer un esquema de atención que hoy se sintetiza en la idea de bienestar. Si bien el concepto no ha sido suficiente mente explicado, una de las primeras medidas de la administración fue cambiar lo que se conocía como política social por política de bienestar. El cambio suponía adoptar una visión integral de la política de bienestar (similar a la experiencia del Estado de bienestar europeo), que abarca como un todo la educación, la salud, la seguridad social y, sin duda, de manera relevante, la erradicación de la pobreza, aunque en este caso dejo de lado el problema de la desigualdad. La propuesta presidencial plasmada en el texto Hacia una economía moral, sugiere establecer el estado de bienestar igualitario y fraterno para atender sobre todo a los más pobres; así mismo, recoge los planteamientos vinculados al concepto de protección social universal que se viene discutiendo en el mundo a raíz de los efectos nocivos e incumplimiento de objetivos de la globalización económica. Así, el presidente busca garantizar la protección a todas las personas a lo largo del ciclo de vida a través del acceso efectivo al derecho a alimentación, trabajo, salud, educación, cultura, vivienda y seguridad social. Cada experiencia de gobierno ha puesto un énfasis en el diseño de mecanismos de intervención en todos estos temas de acuerdo con su respectiva visión sexenal. De ahí que a lo largo de la historia la acción pública ha incorporado en menor o mayor medida la participación social, ha creado programas dirigidos a grupos de población específicos o ha impulsado esquemas de cobertura universal, ha sido asistencialista, o bien, ha combinado todo tipo de esquemas dirigidos a las comunidades, las familias o las personas no obstante, se puede afirmar que ninguna experiencia ha sido completamente exitosa, aunque se hayan registrado resultados positivos en algunos casos o territorios en particular. La función social del gasto del sector público federal tiene un peso determinante. Una revisión de los años 2018 y 2019 da cuenta de que la cifra de este gasto registra niveles de 45% del presupuesto federal, 11% del PIB y 64% del gasto programable. Así, entonces, la atención de lo social conjunta dos de las prioridades del presidente: erradicar la pobreza y la corrupción. Por el monto de los recursos, la diversidad de mecanismos, criterios y actores que intervienen en la ejecución del gasto en desarrollo social, es evidente que se trata de un presupuesto vulnerable y susceptible de sufrir desviaciones y afectaciones por incompetencia e ineficiencia, así como por abusos discrecionalidad y prácticas de corrupción. La sustitución de la secretaria de desarrollo social (SEDESOL) por la secretaria de bienestar no parece ser significativa pues las modificaciones no alteraron radicalmente las funciones que ya tenía la primera. La política de bienestar se concentra en la atención en la población en pobreza; poco o nada se aborda el tema de la desigualdad (que también impacta tejidos sociales y afecta a millones de mexicanos). Para combatir la pobreza se planteó como vía única de atención el otorgamiento de transferencias monetaria directas, sin contraprestación, a determinados grupos de población definidos por el presidente. Hay que reconocer que el planteamiento de la denominada política de bienestar fortalece la vinculación directa del ejercicio de gobierno con el mandato constitucional en materia de derecho humanos y reconoce que hace falta que las instituciones de gobierno del Estado mexicano cumplan plenamente con el mandato del artículo 1° constitucional. Sin embargo, pocos son los avances en materia del ejercicio de gobierno para garantizar derechos. El diagnóstico de la pobreza identifica la corrupción como su única causa, y esta como producto de la relación envilecida entre el poder económico y el poder político que, al amparo de un aparato burocrático y oneroso a su servicio, solamente reproduce las condiciones de pobreza, propicia un desempeño económico mediocre y genera inseguridad, violencia, migración forzada y la descomposición política e institucional de la sociedad mexicana. MI VERDAD. – Esta intención, erradicar la pobreza y las acciones que le siguieron se consideraron de tal magnitud que el propio presidente las equiparo con los cambios impulsados por los movimientos históricos fundadores del país, Independencia, Reforma y Revolución, autodenominando a su gobierno como una “cuarta transformación”.

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