POR: REDACCIÓN
Torreón, Coahuila.- Llegó a la audiencia con la soberbia y seguridad que le caracterizan, sin saber que 21 horas de después sería ingresada al penal de Santa Martha Acatitla, donde estará recluida por lo menos los próximos dos meses bajo prisión preventiva debido a que el juez encontró elementos para vincularla a proceso ejercicio indebido del servicio público.
Al llegar al jugado donde se le había citado, declaró ante los medios que se presentaba a “dar la cara” con las “faldas bien puestas”, sin siquiera sospechar que poco antes de las 8 de la mañana del día siguiente, martes 13 de agosto, estaría ingresando al penal donde podría quedarse durante varios años si es declarada culpable.
El trasfondo político del caso es por demás interesante, pues no pocos consideran que la medida es un paso más para llegar al ex presidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio se caracterizó por la enorme corrupción que el ex mandatario toleró y por medio de la cual gobernadores y funcionarios se apoderaron de miles de millones de pesos de las arcas públicas, un robo desmedido y sin precedentes en la historia de México.
LA ESTAFA MAESTRA
A principios de septiembre del 2017 el portal Animal Político presentó la investigación periodística denominada La estafa maestra, que realizó de manera conjunta con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), mediante la cual se reveló una red de corrupción que desvió más de 7 mil millones de pesos a través de una red que incluyó a 128 empresas privadas que resultaron ser fantasmas y ocho universidades públicas.
De acuerdo con el portal de MCCI, “Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios. Por eso está en la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen”.
En la triangulación de recursos, también de acuerdo con lo publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, estarían involucradas, entre otras dependencias, “La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como (entonces) titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo (actual gobernador del Estado de México) al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya (También investigado por el caso Odebrecht)— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
“Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio”, añade el texto.
Sin embargo, a pesar de las contundentes pruebas que demostraban el millonario fraude la entonces Procuraduría Federal de la República jamás procedió en contra de los involucrados, entre ellos, la hoy recluida Rosario Robles Berlanga, de quien se decía contaba con un manto de protección que procedía directamente del despacho presidencial.
Pues bien, es precisamente ese contexto que pudieran fincarse responsabilidades legales al expresidente Peña Nieto, pues, si como se manejan versiones, tenía conocimiento de la forma tan descarada en que se robaron miles de millones de pesos del erario, podría establecerse no solo la omisión de su parte sino incluso complicidad, si es que parte de ese dinero llegó a sus manos de una u otra forma. Por lo pronto, la primera gran pieza de la anterior administración ha caído, habrá que ver la 4T tiene los arrestos necesarios para investigar a fondo y procesar, por primera vez en la historia, a un presidente de la república. La pregunta está ahí: ¿van por Peña Nieto? Al tiempo.
