POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Fue en el año de 1917, cuando se crea dentro del presupuesto de egresos de la federación, la llamada partida secreta presidencial, que no era otra cosa más que un recurso adicional del cual disponía el presidente en turno para atender cualquier necesidad que a discreción considerara prioritaria. Era un recurso sobre el cual no había que rendir cuentas a nadie, lo que sin duda provocaba excesos y corrupción en el poder ejecutivo. Fue a partir del sexenio de Miguel Alemán que dicha partida comenzó a tener incrementos porcentuales en su cantidad, llegando a alcanzar la cifra de 650 millones de pesos anuales en los gobiernos de los años ochentas y noventas. Era un contexto de excesos de los gobiernos priístas y de ausencia total de políticas de transparencia. Por ello, resulta imposible hacer una comparación de ese recurso que por cierto queda eliminado en la nueva ley de austeridad aprobada en el reciente sexenio presidencial, tal cual lo decreta el artículo 61 de esta ley en mención, el cual mandata que los recursos derivados de las acciones de austeridad que desde luego generarán recursos, serán gastados en lo que el presidente de la república determine. En cuanto a la decisión del uso del recurso, hay similitud que no podemos soslayar entre la partida secreta y la reasignación de recursos derivados de la austeridad, el artículo señala que: "Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular." No obstante, la partida secreta de los gobiernos priístas se gastaban sin la mínima rendición de cuentas y transparencia que semejante cantidad de recursos ameritaba. No es el caso de lo que mandata la nueva ley de austeridad, pues la transparencia y el acceso a la información son hoy en día acicates que le cierran el paso a muchas prácticas indebidas e ilegales en la función pública y solo por ese hecho, no puede haber punto de comparación entre la partida secreta y el uso de recursos ahorrados. Además, es preciso señalar, que la partida secreta estaba contemplada como recurso del PEF, mientras que los recursos que se generen del ahorro serán eso: ahorro que será usado en beneficio y fortalecimiento de otros planes y programas gubernamentales. Finalmente, es preciso lanzar una pregunta importante: ¿es realmente este artículo la médula de la nueva ley de austeridad?, la respuesta es NO. Hay aspectos por demás importantes que merecen ser resaltados, tales como la prohibición a funcionarios públicos de la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, o de separación individualizada o colectiva; así mismo se evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias; de la misma manera, quedan eliminadas las pensiones de retiro a expresidentes distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); se limita también el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Es decir, es una ley vanguardista y necesaria, que de pronto pierde su trascendencia y pertinencia por absurdas comparaciones derivadas de una fobia insuperable que busca encontrar yerros en una administración que realiza acciones para superar un pasado lleno de excesos y opacidad.
